La educación consigue que los desplazados por la fuerza en Colombia salgan de la pobreza.
Gonzalo Villamil trabaja media jornada todos los días en una tienda para pagarse los gastos del instituto. A sus 17 años, cursa el último año de Bachillerato en la ciudad costera de Puerto Colombia, en el departamento caribeño de Atlántico. "Me gustaría estudiar la carrera de Medicina, pero es difícil que entre mis padres y yo podamos pagarla", reconoce.
Cuando tenía nueve años, su familia tuvo que huir del municipio de Ovejas, en otro departamento del norte de Colombia llamado Sucre, porque la guerrilla y los paramilitares se disputaban el control de la ciudad. "Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez", admite Gonzalo, "pero lo cierto es que salía muy poco de mi casa por razones de seguridad".
Desde hace 50 años, muchos colombianos viven asediados por los combates que enfrentan a su ejército, a la guerrilla marxista de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y a los paramilitares. La guerrilla asegura que lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo y contra el abandono en que el estado mantiene a los más necesitados. Para ello, sin embargo, no duda en utilizar medidas tan cuestionables como el secuestro con fines políticos y el asesinato de miembros del Gobierno. Los paramilitares, entretanto, defienden ideas de extrema derecha, parecen estar ligados al narcotráfico y se les acusa de apoyar al Ejecutivo mediante una guerra sucia ilegal ante la que muchos aseguran que la policía cierra los ojos.
La Universidad Nacional de Colombia estima que, desde 1985, los combates han desplazado de sus lugares de origen a 750.000 personas. Esto supone que en un país de población similar a la española (Colombia tiene 44 millones de habitantes), una persona de cada 50 afronta hoy en día un desplazamiento forzado. La situación se hace aún más alarmante si tenemos en cuenta que el 55% de los desplazados por la violencia en Colombia es menor de 18 años.Por lo general, las partes enfrentadas se disputan el control de los municipios y la población civil queda encajonada por sorpresa en plena línea de fuego. Ante una situación semejante, la única solución es la huida. Cuando tiempo después los niños que han escapado logran reingresar en la escuela, "acostumbran a llorar con frecuencia, no quieren participar en nada y adoptan una actitud de prevención y temor que proviene del propio desasosiego que viven sus familias", asegura Carmen Cecilia Cárdenas, profesora de la Institución Educativa Técnica de Promoción Social en Carmen de Bolívar (Bolívar, Colombia).
De la noche a la mañana, centenares de familias colombianas comienzan a deambular por las ciudades en busca de trabajo, escuela y, sobre todo, seguridad. A menudo, arriban a zonas en las que los colegios ya registran sobrecupo escolar, y la llegada de nuevos estudiantes genera dificultades adicionales entre la población originaria.
"En esta parte del mundo, los recursos escasean", declara Elías Said, director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, un organismo de la Universidad del Norte que vela porque los menores desplazados reciban la atención que merecen. "Esto se refleja en la forma en que desciende cada año el presupuesto estatal destinado a educación". En opinión de Said, no sólo hace falta que el Gobierno aumente el presupuesto, sino sobre todo que se preocupe por crear la infraestructura necesaria para que la enseñanza llegue a todos los niños desplazados y para que ésta sea de calidad.
